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Denuncia “presuntas irregularidades en la contratación menor realizada por el actual gobierno”, porque como asegura, “hay facturas que se firmaron meses después de realizar el servicio contratado”.
“Hace poco más de un año, llegaron al gobierno de la Ciudad los que se hacen llamar ‘el gobierno del cambio’, porque según ellos, iban a actuar en aras a la transparencia y fuera de todo tipo de oscurantismos. Más bien es absolutamente todo los contrario”, así se pronunció hoy Esther Donoso, quien ha puesto algunos ejemplos del funcionamiento diario de este “desgobierno”.
La diputada local, señala que “una cosa es predicar y otra dar ejemplo, porque la actuaciones del gobierno de Castro nada tienen que ver con lo que criticaban durante años cuando estaban en la oposición”.
“En primer lugar se les ha llenado la boca de demonizar y criticar los contratos menores, unos contratos que desde el Partido Popular siempre defendimos, porque administrativamente era una figura más regulada en la Ley de Contratos del Sector Público siempre que se hiciese un uso bueno”, ha recordado.
“Los que ahora gobiernan, y que siempre han tachado al Gobierno del PP y de Juan José Imbroda de hacer uso abusivo, desmesurado y oscuro con este tipo de contratos, solo en el primer trimestre del año 2020 ha realizado más de 500 contratos menores por un importe superior a 3.400.000 euros”, ha destacado.
Denuncia “presuntas irregularidades en la contratación menor realizada por el actual gobierno”, porque como asegura, “hay facturas que se firmaron meses después de realizar el servicio contratado”.
En este sentido, Esther Donoso, ha puesto el acento en el área de Festejos que este ‘desgobierno’ tanto tenían demonizada. “En el primer trimestre ha realizado 94 contratos menores por un importe de 747.193 euros. De estos 94 contratos, 47 de ellos pertenecen a Navidad y suman 472.000 euros. El problema no es la cantidad que sumen, sino que están hechos de manera completamente irregular, ya que el servicio se realizó en diciembre o principios de enero, y no se ha firmado la adjudicación ni el contrato hasta meses después”, ha explicado.
Esther Donoso, ha querido ir a más con otro claro ejemplo de la ‘llamada transparencia, regeneración, la libertad y la plural concurrencia’ de lo que tanto alardearon quienes ahora nos gobiernan. “Y es que de esos 94 contratos menores del área de Festejos, solo 8 se han hecho con publicidad o permitiendo que concurran varias empresas. Los 86 restantes se hicieron sin publicidad. De estos 86 contratos, 66 han sido a dedo o se realizaron con un único licitador o empresa”.
Se ha referido también, a los contratos menores del ‘Carnaval’.“33 contratos menores para este evento por un importe de 270.797 euros, de los cuales 17 han sido también adjudicados y firmados de forma irregular y con posterioridad a la realización del servicio”.
“Todo esto no lo decimos nosotros, sino que lo ha puesto de manifiesto el Interventor cuando ha rechazado las facturas”, asegura, al tiempo que insiste en que “la gran mayoría de los contratos menores, por no decir todos, se realizaron con un solo licitador; es decir, a dedo”.
En relación al segundo semestre del año pasado, la diputada local asegura que “también es exactamente igual, contratos con un único licitador, sin publicidad y firmándose la adjudicación de los contratos menores muchos meses después”.
Esther Donoso, reprocha que “lo que antes estaba demonizado, ahora está todo permitido y además en aumento y con multitud de irregularidades”, por lo que anuncia que “el Partido Popular desde su labor en la oposición y fiscalización seguirá controlando muy de cerca los contratos menores y actuará en consecuencia”.
Con respecto a los contratos mayores, la popular dice que “es exactamente igual o incluso más sangrante”. Ha puesto como ejemplo el traslado de los menores extranjeros del centro de La Purísima al Fuerte de Rostrogordo. “El 31 de marzo comienza el expediente con un informe de necesidad, ¿cuál es la necesidad del servicio? El afinamiento, para nada el tema sanitario, como así lo justifican los informes de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo desde el mes de junio de año anterior. 15 de abril, se declara la emergencia para la contratación del servicio de traslado de menores a Rostrogordo. 22 de abril, el único empresario con el que negocia el gobierno presenta su oferta. El 23 de abril se firma el contrato. A raíz de ahí empiezan las facturas: la primera factura que presenta la empresa es la del servicio de guarda de menores en el centro de Rostrogordo desde el día 8 al 30 de abril por importe de 183.000 euros”, ha detallado.
Esther Donoso se pregunta, “cómo es posible, que si se ha declarado la urgencia el día 15 de abril, se ha presentado la oferta el 22 y se firmó el contrato el día 23, la empresa facture desde el día 8, fecha en la que aún no había absolutamente nada?”.
En este hilo, denuncia que “la empresa haya facturado y cobrado como si tuviera 200 menores desde el día 8 y 56 trabajadores desde ese mismo día”. “Con esa misma regla de tres han seguido en las facturas de los meses de mayo y junio. Y ahora mismo sabemos, que este contrato que nación hasta que terminara el Estado de Alarma se ha prorrogado por emergencia”.
“El PP ha solicitado el expediente para ver esa prórroga que han hecho por emergencia con el mismo licitador. Todo esto vinculado a adecuar el antiguo acuartelamiento de Santiago”, anunció.
En palabras de Esther Donoso, “no queremos pensar que hayan contratado ‘por emergencia’ a un Técnico y a una constructora por importe de 113.000 euros, ni tampoco que hayan iniciado ‘por emergencia’ los trámites por parte de la Consejería de Distritos de la contratación de los módulos por un importe de más de 1.000.000 de euros”. “El Partido Popular está muy pendiente y reitera que todo este tema de Rostrogordo y por ende también el de Santiago tendrán que explicarlo donde corresponda”.
Por último, la diputada local ha aprovechado para pedir explicaciones a la consejera de Presidencia y Administración Pública en torno al contrato negociado sin publicidad por dos millones de euros suscrito con la empresa Sureste Seguridad, que es la adjudicataria del servicio de vigilancia privada en la Ciudad Autónoma. “El Partido Popular no entiende que se haya suscrito ese contrato si ya se hizo una prórroga del anterior con la misma empresa en tanto se adjudicaba el nuevo. Además, el negociado sin publicidad se realizó con un solo licitador”. “El pliego de condiciones para contratar la seguridad privada en las dependencias municipales pasó en agosto de 2019 por mesa de contratación, pero quedó sobre la mesa porque había que modificar algunas cláusulas. En tanto se adjudicaba el nuevo se hizo una prorroga que está en vigor, de ahí que para el Partido Popular resulte incomprensible el negociado sin publicidad”, ha concluido.
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