Dueñas: “El PP apuesta por agilizar los procesos, aumentar la seguridad jurídica y modernizar la Justicia”

Los senadores del Grupo Parlamentario Popular que han intervenido en el debate del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, Ma del Carmen Dueñas y Mario Arias, han puesto de manifiesto la mejora significativa que esta reforma supone, porque, entre otros aspectos, va a facilitar la agilidad en el proceso, se aumentará la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes y apuesta definitivamente por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como un paso más en el proceso de modernización y mejora de la Administración de Justicia.

En este sentido, los senadores populares han destacado que en la reforma se fija una fecha concreta para la modernización definitiva del proceso civil. “Se establece el 1 de enero de 2016 como fecha límite a partir del cual los profesionales de la Justicia y de los órganos judiciales deberán utilizar los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para presentar escritos y documentos, así como la realización de actos de comunicación, debiendo la Administración competente establecer los medios necesarios para su implantación efectiva en esa fecha”, han concretado.

La Parlamentaria popular ha señalado que “con el fin de implantar y desarrollar estas reformas y lograr una organización y funcionamiento más eficaz de la Administración de Justicia, el Presupuesto para 2016 destina 78,52 millones de euros a este fin. Esto supone un incremento del 33% respecto al ejercicio 2015”.

Dueñas han destacado también que la reforma del proceso civil acomete un cambio en la regulación del juicio verbal porque se refuerzan las garantías del cumplimiento del principio constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.

Ma del Carmen Dueñas ha indicado que se establece la obligación de que la contestación a la demanda, en el juicio verbal,se realice por escrito, medida que supone un reforzamiento del principio de seguridad jurídica y de igualdad entre las partes, además de garantizar que no se realicen actos innecesarios. Asimismo, con esta nueva regulación del juicio verbal se evita la indefensión de la parte demandante garantizando la tutela judicial efectiva que atiende a una reclamación generalizada de los operadores jurídicos.

Por otro lado, los senadores del PP han señalado que se afronta un importante y demandado proceso de actualización de la prescripción que contiene el Código Civil porque se reduce notablemente el plazo general de las acciones personales y se modifica el régimen de la interrupción de la prescripción con la finalidad de que las reclamaciones extrajudiciales sucesivas puedan demorar dicho plazo.

LA REFORMA POTENCIA LA FIGURA DEL PROCURADOR

La senadora del PP por Melilla ha destacado que “otra de las cuestiones importantes de esta reforma del proceso civil, dentro del contexto de la modernización de la Justicia, es la potenciación de la figura del Procurador como auténtico colaborador de la Administración de Justicia", a los que se les reconoce capacidad de certificación a actos de comunicación que ya están realizando de acuerdo a la ley vigente, sin necesidad de que a partir de esta reforma, requieran el auxilio de testigos. Su implicación en citaciones, notificaciones, requerimientos o emplazamientos contribuirá a hacer que la Justicia sea más ágil y rápida, y los sitúa al mismo nivel de corresponsabilidad procesal de otros profesionales con funciones similares en el ámbito europeo, concretando las que ya venían contempladas en la Ley y que ahora simplemente se potencian.

Por último, Ma del Carmen Dueñas ha subrayado que la Disposición adicional octava que afecta a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y en la Disposición Adicional sexta que afecta al apartado 1 del artículo 20 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se recoge el derecho de las víctimas a recibir asesoramiento jurídico gratuito desde el momento previo a la interposición de la denuncia, con independencia de sus recursos, y derecho a la defensa y representación gratuita por abogado y procurador en todos los procesos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. “Creemos que es una cuestión fundamental en aras a una mayor protección y seguridad para la víctimas”, ha concluido.