El gobierno de la Ciudad Autónoma respalda la moción del Grupo Parlamentario Popular en el senado, en relación con las medidas adoptadas por Pedro Sánchez en materia de financiación autonómica y condonación de deuda, en el marco de su investidura.

Fadela Mohatar, ha manifestado la preocupación de ciudadanos y líderes autonómicos, que se alzan para “denunciar las consecuencias perniciosas que amenazan la convivencia y la estabilidad financiera”.“La Ciudad Autónoma de Melilla, en su conjunto, cuestiona abiertamente las decisiones tomadas en el marco de los acuerdos de investidura, señalando un alejamiento flagrante de lo prometido en las urnas. La voz de alarma resuena fuerte, y la preocupación se centra en la aparente ruptura de principios democráticos que han sido la piedra angular de la sociedad española”.

La Vicepresidenta segunda y consejera de Cultura del Gobierno local, expresó también su “indignación por la discriminación y abandono que se percibe hacia Melilla”, incluso antes de las negociaciones que llevaron al presidente al cargo.

“El descontento se manifiesta en la falta de respuesta ante promesas incumplidas, como la reapertura de la aduana comercial en Melilla, y la aparente negligencia en la defensa de los intereses de la región frente a Marruecos”.

Fadela Mohatar, añadió que “la situación se complica aún más cuando se revela que derechos económicos y fiscales consolidados, vitales para el desarrollo de Melilla, han sido arrebatados sin justificación aparente”.“La eliminación de beneficios para empresas y trabajadores genera un impacto negativo que no solo afecta a la economía local sino que también aumenta la brecha de desigualdad entre territorios”, denunció.

Ha señalado, que “el gobierno central parece ignorar las necesidades específicas de Melilla, relegándola a un segundo plano en las relaciones internacionales y permitiendo agravios por parte de Marruecos que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Esta falta de atención se refleja en la ausencia de defensa frente a violaciones a la reciprocidad en la frontera de Beni Enzar”.

“El llamado a la igualdad y solidaridad por parte de Melilla no es un pedido de privilegios, sino una demanda justa que busca corregir desequilibrios evidentes. El desprecio y la desigualdad entre ciudadanos y territorios, que se manifiestan en las decisiones del gobierno central, contradicen los principios fundamentales de un estado de derecho”, subrayó.

Ha destacado también, la urgencia de una reforma en el sistema de financiación autonómica, recordando el rechazo de Melilla en 2009 debido a la falta de consideración de sus especificidades. “Se insiste en la necesidad de un enfoque multilateral, sin romper los principios de igualdad y solidaridad entre todas las regiones”.

Uno de los puntos más álgidos de la denuncia se centra en las negociaciones bilaterales que llevan a la condonación de deudas de comunidades autónomas: es por lo que ha dejado claro que, “Melilla se opone firmemente a esta práctica, insistiendo en que cualquier decisión de esta naturaleza debe ser parte de un acuerdo global y discutido en instancias institucionales adecuadas”.

En conclusión, la Ciudad Autónoma de Melilla exige una rectificación inmediata por parte del presidente del Gobierno, llamando la atención sobre las consecuencias nefastas de sus decisiones en la convivencia democrática y la estabilidad financiera de Melilla. “La lucha por la igualdad, la solidaridad y la justicia resuena con fuerza en cada palabra de esta denuncia, destacando la necesidad de un cambio de rumbo urgente en beneficio de todos los ciudadanos”.

Nuestra enérgica protesta contra la amnistía, también desde Melilla que es España.

En representación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, Fadela Mohatar ha expresado su respaldo a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y la preocupación por todo lo que está aconteciendo en torno a los pactos suscritos para la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. “Agradecemos la iniciativa al Grupo Parlamentario Popular en el Senado y la convocatoria, porque significa darnos voz a las Comunidades y Ciudades autónomas de España en un momento que consideramos crítico, crucial para el presente y futuro de nuestras instituciones y nuestro estado de derecho”.

“Es fundamental que no hurtemos a quienes ostentamos, también desde los territorios, la representatividad ciudadana, el derecho a expresar, alto y claro, nuestra opinión y nuestra postura en temas sobre los que se sustenta el futuro de nuestros derechos y libertades y que, lamentablemente, vemos amenazados seriamente. No nos agrada, no nos gustaría estar en este debate, no nos gusta tampoco estar siendo observados por instancias europeas. Nos alarma la movilización generalizada que ha habido de jueces, fiscales, abogados y profesionales de la justicia en general a lo largo y ancho de nuestro país, empresarios, economistas y técnicos del estado…el clamor es demoledor y también nuestras voces, desde las cámaras legislativas, deben formar parte de esta llamada de atención que, pretendemos, frene esta deriva que no puede conducirnos a ningún buen puerto”, ha continuado en estos términos Fadela Mohatar, expresando la enérgica protesta también desde Melilla, que es España, por “unos acuerdos suscritos por el Partido Socialista con los independentistas, fuera de nuestro país, a escondidas, sin luz ni taquígrafos, para cerrar, única y exclusivamente, una investidura”. 

Porque ya es público: “la amnistía era el pago para el gobierno de Pedro Sánchez. Así nos lo cuentan sin rubor ya alguno de los propios ministros del gobierno. Unos acuerdos que constituyen un fraude, porque nadie votó en las urnas lo que ahora se decide en el congreso”.

Así que, - indicó_ “no estamos dirigiendo nuestra atención, como debiera ser, al interés general, al de la gente, al interés y los problemas de las familias, al interés de quienes cada día levantan la persiana de su negocio, se dedican a educar a nuestra infancia y juventud, o a nuestros sanitarios. No estamos centrándonos en la ciudadanía española, que es la que tiene el legitimo derecho a la igualdad de trato y la igualdad ante la ley”.“Hoy estamos dirigiendo nuestros esfuerzos y nuestra preocupación nada menos que a reprobar el intento de torpedear un sistema que nos ha hecho libres e iguales y, nada más grave señorías, el hecho de que el instigador de esa gran inquietud, sea el propio presidente del gobierno, que debería estar reforzando las garantías de ese sistema y no al revés”, ha defendido.

Insistió, en que “los pactos de investidura amenazan con hacer saltar por los aires las bases de nuestra Constitución y la separación de poderes, sobre los que cada día vamos conociendo información que nos alarma aún más”.“Hablamos de amnistiar delitos de corrupción, de terrorismo, hablamos de anular actuaciones de nuestros tribunales de justicia. Y lo más grave, el sometimiento del poder judicial a un gobierno, a través de esas comisiones de investigación que ya están sido registradas en el congreso”.

“No, señores del partido socialista, esto no es una cuestión ni interna de su grupo parlamentario, ni interna de su grupo con otros grupos. Ni los cálculos electorales les dan derecho a jugarse el futuro de los españoles, ni los españoles tenemos que resignarnos a asistir a este tenebroso juego en el que se engañan ustedes mismos, diciendo que persiguen la convivencia, mientras la convivencia y la estabilidad se ponen en serio peligro”.

“La amnistía implica, no lo olvidemos, no solo la remisión de la pena, sino también el borrado de la existencia misma del delito. Sería absurdo entender que la Constitución que ha prohibido al legislador lo menos (conceder indultos generales) está permitiendo lo más (otorgar amnistías).

Es más, el gobierno lo sabe, es inconstitucional por su incompatibilidad con tres principios básicos del Estado de derecho: la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. No pueden ustedes -sin incurrir en arbitrariedad- declarar a un grupo de personas inmunes frente al Derecho y borrar para ellas retroactivamente la existencia de unos delitos, suplantando así al Poder Judicial y lesionando gravemente la seguridad jurídica. Y todo ello, ¿por qué y a quienes? a quienes no reconocen si quiera su culpa por haber violentado nuestro ordenamiento jurídico, que pusieron patas arriba Cataluña y a todo el país, humillaron a las instituciones del estado, a sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que no se arrepienten y que se jactan, abierta y obscenamente, de que seguirán intentándolo”, ha argumentado.

“No nos queda otra, señorías, que unir nuestras fuerzas y nuestras voces con el imperio de la ley para pedir que pare esta ignominia y se restituya a la ciudadania española lo que hasta ahora tenía garantizado: su derecho consagrado a la igualdad”, ha concluido.