Gregorio Escobar olvida que los rechazos en frontera ya se producían cundo él era Delegado del Gobierno.

Las objeciones y críticas del secretario general del PSOE en Melilla, Gregorio Escobar, a la enmienda introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para dar mayor cobertura legal a los rechazos en frontera, sólo pueden enmarcarse en la demagogia electoralista con que el Partido Socialista afronta los asuntos de Estado.

El discurso de Escobar resulta inadmisible si se tiene en cuenta que los rechazos en frontera, a modo de freno de grupos masivos que, en avalancha, intentan entrar en territorio nacional, no constituyen ninguna práctica novedosa, sino por el contrario un proceder sistemático que el propio PSOE definió en el año 2005, cuando se estableció un concepto operativo de rechazo en frontera que se ha mantenido vigente desde entonces.

Jugar ahora a la demagogia, participando de un coro de marcada motivación electoralista, contra lo que pretende dar mayor seguridad jurídica a la Guardia Civil en sus actuaciones en la frontera sur de Europa, parece impropio de quien ejerció, como es el caso de Gregorio Escobar, de Delegado del Gobierno en nuestra ciudad.

Escobar sabía perfectamente de la vigencia de dicho concepto operativo desde la llamada ‘crisis de las vallas’. Choca por tanto que critique y no admita ahora lo que sí admitió cundo su partido gobernaba este país y él mismo ejercía como Delegado del Gobierno.

Como ha señalado el Ministerio del Interior, las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla constituyen un caso especial por cuanto, además de delimitar el territorio de soberanía nacional y el espacio Schengen, conforman la única frontera exterior terrestre de Europa Occidental, siendo, además, la única ubicada en el continente africano. Al mismo tiempo, las circunstancias geopolíticas que concurren en esta zona, donde se constatan los mayores desequilibrios políticos, sociales y humanitarios, provocan que sea una de las fronteras más expuestas al tráfico ilícito de inmigrantes y drogas, así como al paso clandestino de terroristas.

La reforma propuesta de la Ley de Extranjería, a través de una enmienda en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, busca combatir no sólo la mayor frecuencia con que se producen formas organizadas de intentos de asaltos masivos a la vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, sino también la mayor actuación de las mafias que alientan y coordinan este modo de inmigración ilegal

España, en su doble condición de estado soberano y miembro de la Unión Europea situado en la frontera exterior del espacio Schengen, tiene la obligación de proteger, vigilar y salvaguardar sus fronteras.

Una obligación que trasciende del ámbito puramente nacional por cuanto deriva directamente del Código de Fronteras Schengen, que impone a España la responsabilidad de preservar la frontera exterior de la Unión, mediante el ejercicio de la vigilancia fronteriza con la triple finalidad de impedir el cruce no autorizado de la frontera, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar las medidas que procedan contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente.

Negar la validez de una modificación legal que sólo pretende dotar de un régimen jurídico especial en Ceuta y Melilla, para combatir un fenómeno creciente al que no podemos ni debemos resignarnos, es hacer el juego a las mafias y negar la mayor protección jurídica que se pretende para las fuerzas de seguridad de nuestro país.

El secretario general del Partido Socialista no es ajeno a esta realidad, como no lo es tampoco al hecho de que el Gobierno de la Nación trabaja, al unísono, para promover en la UE una política común de inmigración que permita afrontar de manera unitaria los flujos masivos de inmigrantes irregulares y las circunstancias en que se desenvuelven, con especial incidencia en la lucha contra las mafias que los promueven y coordinan.

No es de recibo por tanto que el secretario general del PSOE melillense invoque unas alternativas que ya se están adoptando, que son complementarias a la reforma legal que se propone y que, en ningún caso, son incompatibles con la aludida reforma legal.

El Sr. Escobar, que ya ha anunciado su negativa a presentarse a los próximos comicios por su condición de procesado por varios y presuntos delitos como los de prevaricación o delito electoral continuado, debería ser más consecuente en su discurso en bien del interés general de Melilla, del conjunto de España y de la Unión Europea.

Desde el Partido Popular, reiteramos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad en su labor de defensa de la frontera sur de Europa, puesto que somos conscientes de difícil equilibrio entre el drama humano que representan los flujos masivos de inmigrantes y la obligación legal de custodiar y preservar la frontera.

Por último, reiteramos también una vez más nuestro apoyo a una inmigración legal y ordenada que sirva al progreso de los inmigrantes y al mejor desarrollo de los países donde buscan afincarse, convencidos de que este tipo de inmigración legal siempre ha sido y será beneficiosa para el progreso común de la humanidad.