Juan José Imbroda muestra su absoluta tranquilidad y confianza en la Justicia ante la causa que se pretende abrir contra él.

El Presidente Regional del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda, ha comparecido ante los medios para contestar públicamente a las acusaciones vertidas por el portavoz de PPL (Populares en Libertad) Julio Liarte sobre su hipoteca.

Ha mostrado su tranquilidad ante la causa que se pretende abrir contra él y que ha tachado de “poco recorrido.”

Ha mostrado públicamente la valoración del hogar en el que reside y ha asegurado que; “Julio Liarte tendrá que explicar ante el juez, todo lo hablado sobre su hipoteca y del mismo modo tendrá que aclarar, que es lo que ha pretendido dar a entender con la petición de información sobre un préstamo, que aprovechando el caso de “las tarjetas opacas” ha querido relacionar con su participación en el Consejo de Administración de la entidad de Unicaja por el que ha sido concedido”.

Ha explicado con datos certificados, todas las cuantías que ha venido pagando rigurosamente durante los últimos años y ha reconocido que, “han sido más los inconvenientes que las ventajas, porque, “nunca me he preocupado de intentar favorecer mis intereses particulares en ningún sitio y menos en Unicaja. Ya me dirán donde está el trato a favor”.

Ha asegurado que, ser consejero de una entidad bancaria le ha perjudicado porque la hipoteca tiene también hasta cláusula de suelo, por lo que está pagando. Ha dejado claro que, no existe ningún tipo de beneficio ni de favor por ser quien quien es.

Ha destacado que lleva ganando con su equipo y con el partido todas las elecciones desde el año 2000 y ha asegurado que; “las próximas elecciones del 2015 también las vamos a ganar, no podrán tirarnos con mentiras ni con falsedades, ni con manipulaciones administrativas. Aquí los votos se ganan en la urnas, pero los perdedores por principio y además consolidados, no van a ganar, por eso lían todo lo que lían alrededor de nuestras figuras, diciendo y tachándonos con acusaciones de corruptos y de lo peor del mundo para engañar al electorado o manipular a la justicia”.

El Presidente Imbroda ha manifestado su confianza en la Justicia tras saber que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa contra él por prevaricación.

Ha recordado que; “en anteriores ocasiones he explicado el significado de prevaricación, que como todos bien sabemos, se trata de realizar hechos a sabiendas y a mala fe y en contra de los intereses de una administración con plena conciencia de que se está realizando un daño”.

Así mismo ha recordado también que; “los hechos se remontan al año 2000 cuando por primera vez nombrado Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, nos encontramos con un Gobierno saliente, que había sido el encargado de crear unas cooperativas con trabajadores, presuntamente activistas de ése Gobierno, contratados de forma irregular y que para no entrar en ilegalidades, tendrían que despedir”.

Ha explicado que; “el Consejero de Medio Ambiente de aquella época, el socialista D. Rafael Hernández, fue el que se hizo cargo; en aquél entonces existía un servicio jurídico en la Ciudad Autónoma con un técnico de relaciones laborales contratado, que según las normas en vigor del momento, no permitía a éste personarse en los juzgados de los social para la defensa de los intereses de la Ciudad.

A raíz de ello es por lo que se decide designar un letrado externo elegido por el Consejero de Medio Ambiente, el cuál se pone a trabajar con el técnico de administraciones públicas conjuntamente. Como bien sabemos un tema de pleitos se sabe cuando empieza, pero no se sabe cuando termina; se tardaron seis años hasta que todo este asunto fue solventado y nos enterábamos de la información de los fallos y de los autos del juzgado por los Consejos de Gobierno”.

Ha recordado que; “durante los seis años que duró el proceso, el abogado contratado pasó sus minutas, las cuales eran del cincuenta por ciento más baratas que las tarifas que tenían el Colegio de Abogados de la época. Esa minuta pasaba por el técnico de relaciones laborales, seguidamente al Consejero de Administraciones Públicas y finalmente llegaba al Presidente de la Ciudad. El informe avalado por la Secretaría Técnica de Administración Pública, no dudó en firmar para dar continuidad al trámite hasta ser abonada la minuta que una vez firmado seguiría su curso al Consejero de Hacienda, luego el Interventor de la Ciudad el cual era encargado de fiscalizar y finalmente al depósito pagador, encargado e ordenar el pago.

Imbroda ha afirmado que; “nadie me dijo que esto estaba mal, el encargado de levantar reserva de legalidad, es el interventor y nuca nadie lo ha hecho. Tampoco el Tribunal de cuentas dijo que este proceso estuviese mal hecho”.

Por último ha querido recordar una vez más que; “durante tres años ha estado este caso en el Juzgado de Instrucción No 2 de Melilla y no han permitido dar explicación de todo lo sucedido, por lo que no hay nada contra mí, sólo una petición de la fiscalía que tendrá que pasar por la sala correspondiente para que los jueces dictaminen si se abre algún tipo de diligencia o no. Mi conciencia está muy tranquila y respeto las decisiones de la Justicia, sobre todo la última que es la que vale y marca lo justo. Si la oposición cree que han acabado conmigo, están equivocados. Ha concluido.