El PP no descarta acudir a la vía judicial, porque cree que hay una posible mal­versación de caudales públicos en el contrato del Servicio Público de Grúas.

Velázquez, apunta que “La Ciudad Autónoma tiene una deuda de 4 millones con la anterior adjudicataria por seguir teniendo en depósito vehículos 15 meses después”

Denuncia también, que “ese contrato de emergencia no se haya publicado, lo cual es ilegal, ni tampoco consta en el expediente cuestiones como la solvencia téc­nica y económica de las empre­sas, el precio de licitación ni los servicios que prestan, algo que ha tenido que ser deducido por el PP a partir de las facturas presentadas por ambas empresas”.

“Algunas de estas facturas son anteriores, incluso, al momento de la adjudicación, fechadas en septiembre, como es el caso de más de 10.000 euros que les ha sido abonados a día 22 de ese mes. “Un dinero irregular, apa­rentemente”, dijo Velázquez, al tiempo que añade, que “el colmo de los colmos es que este contrato de emergencia lleva extendiéndose desde hace más de un año, cuando según consta en su adjudicación por el anterior consejero de Hacienda, debería haber expirado con el procedimiento de contratación que hubo posteriormente y que, por un decreto del 20 de noviem­bre, quedó desistido por parte de la Administración”.

“Las dos empresas que se están encargando de prestar el servicio de grúa son las dos que resultaron adjudicatarias de un contrato de emergencia que se prolonga desde hace más de un año y sin haber sido publicitado”.

Velázquez califica toda la gestión relacionada con el con­ trato de la grúa municipal como “una chapuza administrativa” y que atribuyó a Ciudadanos (Cs), ya que en él han participado tres de sus responsables: De Castro, Liarte y la ex-consejera de Presi­dencia, Paula Villalobos. “Este es el contrato de los señores de Cs, los que venían a regenerar la política”, aseveró.

“Los responsables políticos de esta barbaridad, de esta corrupción, no supieron entonar el mea culpa y se inten­taron mal justificar para eludir su responsabilidad”. Además, “tor­pedean la labor fiscalizadora de la oposición”, lamentó.

“El Partido Popular está recopilando toda la información, porque cree, que faltan papeles en el expediente, con la intención de llevarlo ante el Tribu­nal de Cuentas. Y paralelamente, se ha puesto en conocimiento del interventor de la Ciudad Autónoma estos presuntos delitos. El PP no descarta acudir a la vía judicial, porque cree que hay una posible mal­versación de caudales”.

El PP cree que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, podría estar cometiendo un supuesto delito de prevaricación por no convocar la correspondien­te Junta General de Accionistas de Promesa, cuyo plazo máximo era el 10 de septiembre. “Se está dando una vul­neración de derechos fundamenta­les”, afirmó.

Respuestas a medios de Comunicación:

Velázquez ve una “falta de respeto” por parte del director general de Relaciones Interculturales, Rafael Robles, ante las críticas de ciudadanos en las redes sociales hacia las Luces Inter­ culturales.

La diputada del PP de Melilla, considera que el “nuevo cierre del matadero por falta de personal es una muestra de la mala gestión de las consejerí­as de Presidencia y Salud Públi­ca. “El problema se habría resuelto externalizando el servicio y metiendo un refuer­zo de personal como lo hizo el anterior Gobierno, para evitar el cierre”.