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El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, por la que insta al Gobierno a a impulsar una mejora en la protección de la maternidad de las mujeres con discapacidad, habida cuenta de sus mayores dificultades para adaptarse a esta nueva situación teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea.
El portavoz del Grupo Popular de Telecomunicaciones, Javier Puente, autor de dicha iniciativa, señaló que “las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso, alrededor de 4 millones en España y 80 millones en la Unión Europea; y especialmente vulnerable, ya que se enfrenta a importantes dificultades a la hora de acceder a ámbitos propios de la vida diaria”.
Así, el dirigente del PP explicó que en nuestro país, según los últimos datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística (INE), “casi el 60% de las personas con discapacidad son mujeres, porcentaje que alcanza el 57,5% en el ámbito de la Unión Europea, según fuentes de la misma”.
“Estos datos son especialmente relevantes si tenemos en cuenta la doble discriminación por razón de género y discapacidad a la que se enfrenta este colectivo”, apostilló Puente.
“EN ESPAÑA EL AVANCE DE LAS POLITICAS SOCIALES ES PRIMORDIAL”
En este sentido, el portavoz del PP destacó que, “en un país como España, para el que el avance de las políticas sociales es primordial y donde las personas con discapacidad juegan un papel importante, se hace necesario potenciar todas aquellas medidas que promuevan la igualdad de oportunidades y la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad”.
A su juicio, en los últimos años “se ha tomado conciencia de la especial situación que viven las personas con discapacidad y sus familias; por eso, en el marco del reconocimiento de los derechos específicos de las personas con discapacidad, se han adoptado medidas en distintos ámbitos como el legislativo”.
Así, en aplicación de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, “destaca el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de la Personas con Discapacidad y de su inclusión social”.
“Se trata de un texto que, por primera vez, unifica toda la normativa existente en la materia y que garantiza que la discapacidad esté contemplada en todas las actuaciones políticas y por todas las Administraciones, dando de este modo respuesta a una demanda histórica del colectivo de la discapacidad”, aclaró el dirigente del PP.
En su opinión, “a pesar de los innegables progresos sociales alcanzados, aún hoy, mujeres y hombres con discapacidad se enfrentan a un conjunto de impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos”. Así, para el portavoz del PP “existen por lo tanto campos de actuación en los que los poderes públicos pueden continuar trabajando con el fin de erradicar las diferencias entre las personas con o sin discapacidad”.
“El 11 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre las mujeres con discapacidad [201312065(INI)], en la que se destaca la importancia de la maternidad y los retos que la misma conlleva a todas las mujeres, más aún cuando se trata de mujeres con discapacidad”, subrayó el dirigente del PP, a la vez que remarcó que “este colectivo, por sus dificultades particulares en el acceso a una vivienda adecuada, a servicios de asistencia sanitaria, transporte público, educación, formación profesional y empleo, son un grupo especialmente desfavorecido, que soporta una carga desproporcionada por lo que respecta al embarazo y la maternidad”.
Finalmente, Javier Puente aseguró que “las mujeres con discapacidad que deciden ser madres deben tener derecho a disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que las mujeres sin discapacidad, a fin de evitar disuadirlas del embarazo”. “Por ello, añadió, la Unión Europea recomienda a los Estados miembros la adopción de medidas positivas con el fin de incentivar la maternidad responsable y facilitar la vida futura de las mujeres con discapacidad y sus hijos”.
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